Recuperar derechos y defender el Estado Social, 27 OCTUBRE 2010
La huelga general del 29 de septiembre: un impulso para reforzar la capacidad de propuesta y de iniciativa sindical
La Huelga General del 29 de septiembre ha puesto de manifiesto la necesidad de cambios en los objetivos e instrumentos de la política económica que el gobierno está llevando a cabo. El seguimiento de la huelga y el respaldo social que se constató exigen que el Gobierno rectifique en la orientación de las políticas económicas y sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social. Exige también la reorientación de la política económica, retomando el objetivo del crecimiento económico, sostenido, equilibrado y duradero, como eje de la recuperación económica. La reducción del déficit público debe ser un fin compatible con las prioridades económicas, sociales y de empleo.
Y exige, sobre todo, revertir la reforma laboral que no permite, ni mucho menos estimula, que la posible recuperación económica venga acompañada por una solución a los problemas de nuestro mercado de trabajo: la temporalidad previsiblemente seguirá aumentando, cuando se recupere el ritmo de creación de empleo; el uso de la flexibilidad interna como alternativa al despido se ha desincentivado con esta reforma laboral; las causas del despido se desvirtúan, al establecerse como causa objetiva una predicción que no es posible acreditar (las pérdidas futuras).
El firme compromiso de CCOO y UGT con los trabajadores y trabajadoras, con la sociedad española y con su futuro, es hacer reversible la reforma laboral y con ello las medidas socialmente injustas y económicamente desacertadas que se anuncian en materia de pensiones y que, en materia económica y social, se han venido adoptando.
Este compromiso está unido a las razones de la Confederación Europea de Sindicatos que, el mismo 29 de septiembre, movilizó a Europa entera para protestar por las políticas de ajuste promovidas desde la Comisión Europea, que dejan de lado la creación de empleo de calidad, los derechos de los trabajadores, los aspectos de justicia y cohesión social y, en definitiva, debilitan el Estado de Bienestar.
En la Unión Europea, pese a la leve recuperación de la actividad, el futuro sigue instalado en la incertidumbre y en un alto desempleo
La situación actual y las perspectivas económicas a corto plazo no permiten ser optimistas: los planes de ajuste que se están llevando a cabo en todas las economías europeas, y especialmente en España, condenarán la incipiente recuperación económica a un futuro de menor crecimiento (sino de recaída en la recesión) y con mayores tasas de desempleo.
Sin embargo, no es la única alternativa para cumplir con los compromisos de déficit. El necesario cambio del modelo productivo, a través de políticas orientadas al crecimiento económico y de creación de empleo ha de anteponerse a la reducción del déficit sin más.
Reducir el déficit público sin otras alternativas que apuesten por el crecimiento no genera actividad económica: buscar las industrias, sectores y nichos de mercado que permitan crecer en el futuro, de manera sostenida, equilibrada y duradera, sí favorecerá el crecimiento y desarrollo económico que arrastrará a la demanda de empleo y favorecerá la reducción de las tasas de paro.
La falta de unión política en la Unión Europea es un elemento importante que limita la posibilidad de articular políticas más ambiciosas y agresivas
Hay otras alternativas también, como señala la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos, que frente a los planes de ajuste y recorte social propone reforzar los ingresos: es decir, plantea la necesaria reforma fiscal y la flexibilización del objetivo de reducción del déficit público del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Una reforma fiscal que en España puede incidir en una mayor progresividad, y por tanto, equidad social, recuperando asimismo las figuras tributarias suprimidas en la etapa previa a la crisis (el impuesto sobre el Patrimonio o el impuesto sobre Sucesiones, por ejemplo).
Y no sólo eso: hace falta hacer una revisión de las políticas transferidas a la Unión Europea. La política monetaria de la Unión tiene como único objetivo la estabilidad de precios, mientras la Reserva Federal, por ejemplo, además y antes de la estabilidad de precios tiene como cometido fomentar la consecución del máximo empleo. ¿Por qué no modificar entonces las prioridades y añadir el crecimiento del empleo a los objetivos que debe alcanzarse con la política monetaria que trace el Banco Central Europeo? ¿Por qué no reformular las políticas comunitarias en función de los objetivos señalados en la Estrategia Europa 2020, que pretende convertir a la UE en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo, de productividad y de cohesión social?
La CES desde una posición critica con la estrategia 2020 –por no incluir otros objetivos necesarios como las políticas industriales, energéticas, etc y no establecer los medios para alcanzarlos, en particular la armonización fiscal- valora que los objetivos que se comparten –empleo, educación, I+D+i y reducción de la pobreza-, resultarán imposibles de alcanzar con las políticas de ajuste y el plan de gobernanza de la Comisión Europea.
Las propuestas de la Comisión Europea pretenden básicamente hacer recaer sobre los trabajadores todos los enormes costes de la crisis
Las propuestas de la Comisión para las políticas económicas y de empleo, pretenden desregular más los derechos de los trabajadores (tiempo de trabajo, protección del empleo y sistemas de protección del desempleo), recayendo sobre estos los enormes costes de la crisis económica.
Las reducciones de los salarios disminuyen la estabilidad de las rentas que proporciona el trabajo; la flexibilidad extrema pone en peligro la estabilidad en el empleo, mientras que la reducción de las prestaciones por desempleo refuerza el sentimiento de inseguridad de los trabajadores.
Todo esto debilitará sustancialmente su posición en la negociación colectiva, y las
empresas lo aprovecharán para ejercer presión hacia nuevas degradaciones de los salarios y de las condiciones de trabajo. La consecuencia será un nuevo aumento de las desigualdades.
Además, la Comisión Europea reproduce el mismo tipo de errores políticos que, en el inicio, contribuyeron a la crisis, pues al proporcionar más rentas a las familias ricas, de nivel de ahorro elevado, la economía se enfrentará a un déficit de la demanda haciendo que el crecimiento dependa, una vez más, de burbujas de activos y de un aumento del peso de la deuda privada o, como alternativa, de grandes excedentes de las exportaciones.
Centrándose en las finanzas públicas, la Comisión pierde de vista el hecho de que éstas son las víctimas y no la causa de la crisis. Fue la deuda privada, y no la pública, la que explotó y la que se estaba invirtiendo erróneamente en las burbujas de precios de los activos (inmobiliarios).
La deuda pública sólo aumentó como consecuencia de la crisis, y son los estabilizadores automáticos los que han protegido a la economía de lo peor. Debilitar estos estabilizadores sociales llevaría al desastre en caso de una nueva crisis.
Introduciendo el criterio de la deuda, la tendencia procíclica del Pacto de Estabilidad empeora.
La deuda se reduce más fácilmente cuando la economía crece pero resulta imposible cuando está en recesión.
Siguiendo una política basada en la oferta cuando el problema es la falta de demanda, el paro empeorará y las presiones a la baja sobre los salarios lo acrecentarán aún más.
La idea que subyace en la visión de la gobernanza económica de la Comisión es que los salarios deberían recuperar el papel de la devaluación de la moneda. En lugar de devaluar la moneda nacional, las disminuciones salariales deben poner en marcha un proceso de deflación. Este proceso reproduce los efectos de una devaluación de la moneda mejorando rápidamente los costes de competitividad de las economías. Sin embargo, no funcionará. Hay una razón por la que los bancos centrales han defendido durante décadas las ventajas de la estabilidad de precios: la deflación hará que las cargas existentes de la deuda privada y pública sean más difíciles de asumir.
La austeridad fiscal, los recortes salariales y sociales se combinan para impulsar la economía hacia una recesión renovada.
La gobernanza económica y social es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los Ministros de Finanzas y de los Bancos Centrales
Para la Confederación Europea de Sindicatos, y con ella UGT y CCOO, la gobernanza económica europea ha sido una exigencia desde hace largo tiempo. Desde el comienzo de la Unión Monetaria, la Confederación Europea de Sindicatos ha argumentado que una moneda europea única y un Banco Central Europeo deben complementarse con una coordinación estrecha de las políticas (macro) económicas nacionales.
Sin embargo, la gobernanza económica, tal como la proponía la CES, perseguía el doble objetivo de impedir a los Estados miembros recurrir al dumping salarial y social como alternativa a la devaluación de la moneda nacional, y de potenciar el hecho de que una expansión común y coordinada de la demanda tiene dos veces el mismo efecto sobre el crecimiento y el empleo en comparación con una situación en la que los Estados miembros actúan totalmente por su cuenta.
En lugar de esto, la propuesta de gobernanza económica de la Comisión Europea tiene como objetivos casi exclusivos el control de la reducción de los déficits públicos y las deudas públicas de los Estados miembros, reforzando las penalizaciones económicas a quienes no cumplan los objetivos, y, a través del nuevo procedimiento sobre “déficit macroeconómico excesivo”, promover reformas estructurales en materias como mercado de trabajo, negociación colectiva, sistemas de pensiones y de protección social, sobre los que la Unión Europea no tiene competencias.
Por el contrario, el crecimiento económico, el empleo y el necesario cambio de modelo productivo, son arrinconadas.
La gobernanza económica y social es demasiado importante para dejarla sólo en manos de los Ministros de Finanzas y de los bancos centrales. La Confederación Europea de Sindicatos insiste en que debe reorientarse la política económica de la UE hacia el crecimiento económico y el empleo y que debería conducirlo el Consejo Europeo de Jefes de Estado, con la aportación y la implicación en el proceso de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, al mismo nivel que los Ministros de Finanzas.
La Confederación Europea de Sindicatos propone crear un grupo permanente “UE 2020”, en el seno del diálogo social europeo, en el que el conjunto de los 27 países aborden, con el sindicalismo europeo y las organizaciones empresariales, las verdaderas prioridades que en materia social, económica y de empleo se están demandado en la Unión Europea.
Para CCOO Y UGT la prioridad sindical es recuperar derechos y generar un proceso de cambios en la política económica y social del Gobierno
Para UGT y CCOO, hacer que rectifique el Gobierno y con ello generar un proceso de cambios en su política económica y social, así como la recuperación de derechos, arbitraria e innecesariamente arrebatados, es la prioridad sindical. Para hacer esta prioridad efectiva articulamos un conjunto de iniciativas y propuestas, contempladas en este documento, que van a estar acompañadas de nuevos procesos de movilización, si son necesarios, convirtiendo la huelga del 29 de septiembre en impulsora, desde la capacidad de propuesta y de iniciativa sindical.
CCOO y UGT emplazamos al Gobierno a la negociación que dé como fruto estos cambios para revertir la reforma laboral, evitar la congelación de las pensiones para 2011 y recuperar el Acuerdo con los empleados públicos de septiembre de 2009, garantizando la protección de las personas, impulsando la actividad económica generadora de empleo y favorecedora del prioritario y urgente cambio en el modelo productivo que impulse un crecimiento sostenible, equilibrado y duradero. Junto a ello, el diálogo y la negociación con el Gobierno deben servir para reforzar los sistemas de protección social y fortalecer el papel de la negociación colectiva, y son, por tanto, elementos centrales de la propuesta sindical.
UGT y CCOO vamos a promover una Iniciativa Legislativa Popular por el empleo estable y con derechos
La Iniciativa Legislativa Popular por el empleo estable y con derechos que CCOO y UGT vamos a promover, camina en esta dirección, sabiendo que el trabajo con derechos es el fundamento del crecimiento económico sostenible. Por ello la creación de más y de mejor empleo es un objetivo irrenunciable para el movimiento sindical español, como lo es también la restitución de la causalidad del despido y de la contratación y la regulación a través del Convenio Colectivo de las relaciones laborales.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 son económicamente desacertados y socialmente injustos
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 en la versión presentada por el Gobierno son de supervivencia y un canto a la resignación. Tratan de evitar la bancarrota pero sin financiación no se pueden asumir las obligaciones de pago salvo que se apueste por la ralentización del crecimiento y la desprotección de las personas, que son parte fundamental para ese crecimiento.
Un Gobierno no puede presentar unos presupuestos que atiendan exclusivamente a las exigencias de los mercados y de la UE, sin hacerse cargo de las necesidades sociales y su dinámica creciente, aun sabiendo que cuenta con márgenes de actuación y confiando únicamente en la recuperación de las exportaciones para alcanzar el 1,3% de crecimiento del PIB.
Todo apunta, a partir de la incidencia que pueden tener los planes de ajuste en la mayoría de los países de la UE, a que el escenario más realista no es el que fía al crecimiento de las exportaciones la evolución positiva del PIB. Es bastante más realista pensar que el crecimiento se situará en torno al 0,8 por ciento.
Para UGT y CCOO las prioridades en materia presupuestaria deben orientarse hacia el crecimiento social y económicamente sostenible:
• Atendiendo a la protección a las personas en peor situación (desempleo: prestaciones, formación y políticas activas de empleo);
• A través de inversiones selectivas, con garantía de mejora del potencial productivo de la economía española, en especial las de I+D+i, con el objetivo del cambio de modelo productivo;
• Mediante una política de vivienda con subvenciones al alquiler que mejore la capacidad adquisitiva de muchas personas mejorando el acceso a un bien básico;
• Con la extensión completa de la educación gratuita a niños de 0-3 años y una apuesta seria y decidida hacia la formación profesional de grado medio y superior que sitúe a los nuevos trabajadores en mejores condiciones para afrontar su inserción en el mercado laboral;
• Contando con la actualización de las cuantías de las pensiones junto a una reforma del sistema que permita garantizar su viabilidad a largo plazo en un escenario de sostenimiento de la amplia cobertura actual y mejora razonable de la intensidad.
Para eso es necesario que la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 retome una política fiscal más ambiciosa y progresiva que evite que la reducción del déficit público bascule únicamente sobre los recortes en materia de servicios públicos y de ajustes salariales de los pensionistas y de los empleados públicos.
• En todo caso, al analizar el origen del problema del déficit en España se hace evidente que la estrategia adoptada por el Gobierno de reequilibrar las cuentas públicas actuando solo exclusivamente sobre el gasto no sólo es injusta sino que está condenada al fracaso. Por el contrario, el modelo de reequilibrio público tiene que combinar las políticas de austeridad real con una apuesta decidida para recuperar nuestro nivel de ingresos, al menos hasta situarnos en la media de la Unión Europea.
• Esto significa actuar en una doble dirección: en primer lugar, y como condición previa, es imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude fiscal; en segundo lugar, es imprescindible proponer y consensuar una amplia reforma fiscal que afecte al conjunto de los impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países más avanzados.
Es urgente una estrategia a largo plazo que favorezca el incremento de los ingresos y no prime únicamente el ajuste vía gastos
Nuestro problema estuvo y está en los ingresos. Si los ingresos se hubieran comportado como la media europea, el déficit español en 2009 hubiera sido poco más del 5 por ciento del PIB, lo que nos habría situado en una posición cómoda entre los mejores de los grandes países de la UE.
La comparación de lo que ha sucedido en el período de crisis con los impuestos en España y el resto de países de la Unión es realmente sorprendente. Mientras que en estos dos años la presión fiscal en los grandes países de la UE se mantenía o incluso aumentaba, en nuestro país se desplomaba. Si en 2007 la presión fiscal española estaba 3,8 puntos por debajo de la media, en 2009 el diferencial se dispara hasta 9,5 puntos.
Con este dato España se sitúa en el grupo de países con menor presión e ingresos públicos.
España comparte este grupo con Rumania y Letonia y estamos ahora a más de veinte puntos de países como Suecia, Dinamarca o Finlandia. Esta es la realidad actual de la fiscalidad española: partiendo de un nivel bajo, la crisis nos ha colocado en el pelotón de cola de la UE.
CCOO y UGT proponemos por tanto actuar sobre la estructura de ingresos del Estado, lo que exige reconstruir la fiscalidad a través de medidas impositivas, así como otras medidas que afectan al sistema financiero.
Es necesario plantear una estrategia alternativa a largo plazo para reducir el déficit público vía ingresos, y no vía reducción inmediata del gasto.
Por tanto, desde UGT y CCOO, como ya hicimos en otras ocasiones, proponemos:
• Combatir de forma efectiva la economía sumergida y el fraude fiscal,
• Recuperar los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones. El primero, eliminado de manera irresponsable en los procesos de desfiscalización del Estado por parte de los sucesivos Gobiernos; el segundo, cedido a las Comunidades Autónomas y que en una parte de las mismas también ha desaparecido,
• Crear nuevas vías impositivas, que indudablemente soportará el conjunto de la población, pero que debe reforzar la progresividad fiscal en nuestro país, exigiendo mayor contribución a las rentas más altas.
• Abordar el incremento del IRPF para las rentas salariales más altas,
• Endurecer el tratamiento fiscal del capital (intereses, dividendos y plusvalías, entre otros) y de las grandes fortunas,
• Rediseñar la imposición de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV),
• Aumentar el IVA a los bienes de lujo,
• Crear una tasa específica al sector financiero, ya que ha consumido y va a seguir consumiendo recursos públicos para abordar su necesario proceso de reestructuración, y por tanto, debe contribuir también a reforzar los ingresos del Estado,
• Establecer un impuesto a las transacciones financieras internacionales, como un instrumento que puede contribuir a refinanciar los costes de la crisis y financiar otros objetivos de interés público como la lucha contra la pobreza y el cambio climático. Constituye un impuesto progresivo en la medida que sólo afectaría a aquellas instituciones implicadas en transacciones puramente especulativas.
La creación de empleo con derechos debe ser la prioridad del Gobierno y es la base sobre las que se articulan las propuestas de CCOO y UGT
La destrucción de empleo continúa alcanzando cotas inasumibles y que, sin embargo, no aparecen como prioridad de la política económica del Gobierno, que en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 revalida una política económica errónea y socialmente injusta, que de no modificarse, lastrará el crecimiento, hará disminuir la demanda efectiva y aumentará el paro. La tasa de paro en España se encuentra ya 10 puntos por encima de la UE27.
Y el principal problema del mercado de trabajo es que al desempleo estructural, que tradicionalmente afecta a mujeres e inmigrantes y a los jóvenes, se le añade un paro cíclico que afecta en estos momentos básicamente a los hombres (por el derrumbe del sector de la construcción y todos los que de él dependían).
En este sentido, la mayor incidencia del desempleo masculino, unido a la todavía baja tasa de actividad de las mujeres, hace que la ruptura de la economía del hogar sea aún más grave, con un creciente número de hogares donde todos sus miembros están en paro.
El elevado peso del desempleo entre los trabajadores de menor cualificación convierte la formación en un elemento clave de la creación de empleo de calidad. En España el paro juvenil está alcanzando las mayores tasas de toda la Unión Europea, a lo que se añade el alargamiento del tiempo en desempleo (ante la falta de actividad económica) de manera que los desempleados cubiertos por prestaciones por desempleo van disminuyendo.
Esto convierte la creación de empleo en prioridad absoluta de la política económica. Por tanto, son esenciales las propuestas que inciden en el empleo, fundamentalmente a través de la reactivación de la economía, pero también la intensificación de las políticas de empleo y de formación para las personas desempleadas; la mejora de la protección por desempleo; el incremento de la formación para los trabajadores en activo; la necesaria reforma del sistema financiero, introduciendo cambios en la Ley de Cajas de Ahorro, para dotar de mayor liquidez a empresas, familias y autónomos; y, en definitiva, el fomento del diálogo social con las Administraciones Públicas para revisar los recortes salariales y la tasa de reposición del empleo (Oferta Pública de Empleo).
Luchar contra el desempleo juvenil es atacar también la elevada precariedad
El elevado desempleo juvenil no es únicamente el problema: hay que añadir que su situación de precariedad laboral es insostenible, lo que aumenta su vulnerabilidad y riesgo de exclusión del mercado de trabajo.
Dicha precariedad adopta distintas formas: elevada temporalidad y rotación del empleo, con un peso relativo importante de los contratos temporales y a tiempo parcial no voluntarios; creciente incidencia de las figuras de trabajo sin relación laboral, como es el caso de las becas; recurso creciente a los “falsos autónomos”; peores condiciones de trabajo, por el desajuste entre la formación adquirida y el puesto de trabajo desempeñado, la prolongación de la jornada laboral y la flexibilidad horaria, y la elevada incidencia de la siniestralidad laboral; menor acceso a la protección social.
Se deben fomentar los contratos para la formación, como alternativa al recurso inadecuado a la figura de becas y prácticas no laborales utilizadas para cubrir tareas que son realmente actividades laborales insertas en el sistema productivo de las empresas, reforzándose el control del fraude tanto en los contratos formativos como de becas y prácticas que encubren una auténtica relación laboral, evitando también, por esta vía la sustitución de otros trabajadores de la plantilla, y garantizando, en todo caso la protección por desempleo.
Se debe potenciar el carácter formativo de estas modalidades contractuales, actuando para que la formación sea efectiva y mejore la empleabilidad de las personas jóvenes.
Es preciso trabajar por una mejor adecuación de los tiempos de trabajo, especialmente en relación a la flexibilidad horaria y la distribución de la jornada, garantizando en todo caso, la compatibilidad entre empleo y formación, tanto entre jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado laboral a través de fórmulas de empleo-formación como entre aquellos que, dentro del tramo de edad correspondiente, tengan una evidente carencia de cualificación.
En suma, promover la igualdad de trato en el empleo y las condiciones laborales para impedir que se asiente la idea de que la precariedad de las condiciones laborales es algo “natural” e “inevitable” en los procesos de transición profesional de los jóvenes.
Dos retos son prioritarios, complementariamente, para mejorar las transiciones laborales de las personas jóvenes en España: la reducción del abandono escolar temprano; y el aumento de la participación en la formación profesional.
Hay que reforzar y mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo, así como las políticas activas
Es necesario reforzar y mejorar el funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo (SPE), con el objetivo de proporcionar una atención rápida, individualizada e integral a las personas demandantes en situación de desempleo. Resulta especialmente importante potenciar la labor de información entre todas aquellas personas que han abandonado sus estudios de forma temprana y permanecen inactivas, a fin de que puedan integrarse en el circuito de atención de los Servicios Públicos de Empleo.
La puesta en marcha de distintos mecanismos de intervención temprana por los SPE para las personas desempleadas debe tener como objetivo fundamental la ampliación y mejora de las capacidades y cualificaciones de las personas demandantes de empleo. Para ello resulta básica la formación ocupacional, procurando evitar la reproducción mimética de sus contenidos y que éstos se ajusten a las demandas del sistema productivo. Un ajuste que debe fundamentarse en una labor previa de detección y análisis de las características y necesidades de cada territorio.
En este sentido, el papel de las políticas activas en el aumento de la ocupación y en la reducción del desempleo, aunque depende de otras políticas que contribuyan a dinamizar la recuperación de la actividad económica en los distintos sectores productivos, se convierte en fundamental.
Para UGT y CCOO, el eje central es el fortalecimiento de la intermediación laboral desde los Servicios Públicos de Empleo, dotándolos de más recursos tanto humanos como materiales, reorientando e impulsando políticas de formación y empleo y no quedando en meras oficinas gestoras de prestaciones.
La formación, una herramienta clave para la empleabilidad del presente y del futuro
La mejora de la formación es un elemento esencial a efectos de igualdad social, en la medida en que las personas con niveles educativos más bajos son más vulnerables en el mercado de trabajo, especialmente en etapas de crisis como la actual.
Es necesario poner en marcha el sistema de reconocimiento, evaluación y acreditación de las cualificaciones obtenidas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de aprendizaje.
Además, las economías desarrolladas requieren contar con potentes sistemas de formación profesional (FP) que den respuesta a las necesidades sociales y productivas en contextos de rápidas transformaciones y de creciente competencia y apertura económicas. Este contexto y estas necesidades son particularmente visibles en el caso de España.
Para CCOO y UGT, al desempleo, la protección a las personas es una prioridad
Es preciso ampliar y mejorar la protección por desempleo, ante el incremento de las personas sin ningún tipo de protección social, y el previsible aumento de los hogares con todos sus miembros en desempleo, así como la ampliación del número de parados y paradas de larga y de muy larga duración. En materia asistencial es preciso suprimir el requisito de responsabilidades familiares para que los menores de 45 años puedan acceder al subsidio por desempleo.
También lo es ampliar la prórroga del subsidio por dos periodos de seis meses, para los mayores de 45 años sin cargas familiares e incrementar el importe del subsidio al 100 por cien del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
Potenciar de otra parte la Renta Activa de Inserción, frente a las limitaciones del Programa Temporal por Desempleo e Inserción (PRODI), que además en la última prórroga de dicho programa, ya limitó su acceso a las personas de 33 a 45 años sin cargas familiares, evitando que en febrero no se llegue a prorrogar esta ayuda. Por ello es preciso potenciar los instrumentos que forman parte de la acción protectora por desempleo, y entre ellos la Renta Activa de Inserción (RAI), de la cual, para acceder a la misma, debe suprimirse el requisito de ser mayor de 45 años así como reducir el periodo de permanencia ininterrumpidamente como desempleado durante doce meses, al igual que establecer sistemas de protección para los trabajadores y trabajadoras del régimen agrario.
La Negociación Colectiva como mecanismo regulador de la flexibilidad interna
La Negociación Colectiva constituye el ámbito más ajustado para negociar la flexibilidad en las empresas, frente al planteamiento generalista y por lo tanto arbitrario de la Reforma Laboral; en la medida en que la Negociación Colectiva se adapta a los ámbitos concretos, cubre los vacíos existentes, y se administra autónomamente, es decir, la gestión del convenio se realiza por parte de los firmantes del mismo.
Ya el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el 9 de febrero de 2010, incorporó compromisos para la Negociación Colectiva en las empresas como instrumento idóneo para el mantenimiento del empleo y de la actividad productiva, los procesos de reestructuración de las empresas y sobre los procesos de consulta y participación, que la CEOE ahora pretende ignorar y que el Gobierno, a través de su Reforma Laboral, ha ninguneado.
El índice de materias que sobre flexibilidad interna y reestructuración se citaban en él son las de movilidad funcional, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo individual y colectivo, régimen de traslados y movilidad geográfica, suspensiones de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas, y de producción y por fuerza mayor, gestión del tiempo de trabajo, formación y cualificación profesional, representación de los trabajadores en la empresa o, en ausencia de dicha representación, participación de las organizaciones sindicales más representativas del sector, participación en los consejos de administración y en las comisiones de seguimiento en los planes estratégicos, planes industriales y organización del trabajo, y sobre derechos de información y consulta en los procesos de reestructuración, externalización, contratas, subcontratas y sucesión de empresas.
Medidas para completar y fortalecer la estructura de la Negociación Colectiva
UGT y CCOO a través de la firma de dicho acuerdo se comprometieron a iniciar las actuaciones necesarias para una reforma del marco regulador de la Negociación Colectiva. Hoy nos reafirmamos en este compromiso que, hasta el momento, no ha sido posible abordar debido a la negativa manifestada por parte de la CEOE. Para CCOO y UGT, la estructura negocial en nuestro sistema de relaciones laborales carece de mecanismos de articulación y ordenación de los niveles de negociación adecuados lo que conlleva patologías que se han enquistado en nuestro sistema de Negociación Colectiva. La regulación legal no refleja la compleja y variada realidad negocial de nuestro sistema de relaciones laborales ya que impone limitaciones a las iniciativas de articulación autónoma de la negociación colectiva y ha quedado superada por la complejidad de la organización de las empresas. La falta de homogeneidad de nuestra estructura negocial encuentra una cierta explicación en la compleja caracterización de nuestro tejido productivo: dimensiones de las empresas de los mercados según ámbitos geográficos y de las actividades del tejido productivo.
Para UGT y CCOO es necesario actuar desde la autonomía sectorial en la vertebración y articulación de la negociación colectiva, la coordinación sectorial estatal y la redefinición de sectores de actividad económica; medidas para potenciar convenios sectoriales y su articulación con los convenios de ámbito inferior: provinciales, autonómicos, de empresa o con los acuerdos de empresa; resolver los factores que generan inseguridad jurídica en la ordenación de las fuentes de la relación laboral; las reglas de concurrencia y distribución de materias entre los distintos ámbitos de negociación colectiva; los instrumentos para el seguimiento y control de la aplicación de lo acordado convencionalmente en materia de articulación; la atomización y fragmentación de los Convenios Colectivos; la cobertura de las actividades sin Convenios Sectoriales de referencia
mediante la ampliación de ámbitos funcionales, la extensión de convenios o la creación de nuevos; la creación de nuevos ámbitos de negociación garantizando la ausencia de concurrencia y la invasión de ámbitos negociales ya establecidos; los ámbitos personales; la adaptación del sistema de negociación colectiva a las nuevas actividades económicas: grupos de empresa, el trabajo de empresas “en red”, empresas con dos o más actividades, empresas de dimensión comunitaria; y, por último, la negociación colectiva y las normas sobre concurrencia en los mercados.
CCOO y UGT, se reafirman en que los procesos “de descuelgue”, contrariamente a lo que se establece en la Reforma Laboral, deban formar parte de los contenidos convencionales, del propio Convenio Colectivo y por tanto, quedar sometidos a su regulación. Para UGT y CCOO el Sistema de Seguridad Social en su conjunto y concretamente el sistema de pensiones, son un instrumento estratégico de redistribución de la renta
El Sistema de Seguridad Social en su conjunto, y concretamente el sistema de pensiones, es un instrumento estratégico de redistribución de la renta, así como un elemento de estabilidad económica que afronta el ciclo vital de las personas y limita los efectos negativos que se producen sobre las personas a lo largo de su vida por carencia de actividad o rentas. Su existencia favorece la cohesión social, la actividad económica, refuerza la demanda interna de bienes y servicios y, con ello, es, además, un motor de creación de empleo. Por ello, CCOO y UGT hemos estado y continuaremos estando firmemente comprometidos con su desarrollo y estabilidad.
El Pacto de Toledo es el marco para enfrentar los retos que tiene nuestro sistema de Seguridad Social
En este ámbito, el Pacto de Toledo es el marco idóneo para enfrentar los retos que tiene nuestro sistema de Seguridad Social. El consenso social y político es necesario en política social y máxime en aquellas prestaciones que se causan a largo plazo, como las pensiones. El Pacto supone un valor en sí mismo tanto por su significado político, como verdadero “Pacto de Estado”, que hasta ahora ha preservado las pensiones del debate electoral, como por los resultados prácticos que ha conseguido en la configuración y consolidación del Sistema. UGT y CCOO tenemos la firme convicción de que preservar este método basado en la negociación y el acuerdo político y social sobre el sistema de pensiones es la mejor fórmula para mantener su fortaleza actual y adoptar, con la serenidad y anticipación suficientes, las medidas que precisa en cada momento y con perspectiva de futuro. Llevamos más de 15 años acordando reformas, mejorando los niveles de protección social y garantizando su sostenibilidad en el largo plazo, todo ello con una amplia legitimación social.
CCOO y UGT somos conscientes de la necesidad de mantener este camino de análisis y reformas para alcanzar la máxima cobertura de la población con un sistema público de pensiones que constituyan su renta principal y suficiente en un marco de sostenibilidad financiera, compatible con una mejora sensible de la calidad de vida de la población española y, concretamente, de los pensionistas del sistema. Los retos que debe abordar nuestro sistema de pensiones vienen determinados fundamentalmente por un proceso demográfico que extenderá sus efectos en unas décadas, pero también de la cantidad y calidad del empleo y de la cuantía de los salarios de quienes tienen empleo, así como de los profundos cambios familiares y la aparición de nuevas necesidades sociales. Somos conscientes de ello y de la necesidad de adecuar paulatinamente nuestro sistema de pensiones a las nuevas exigencias. Pero debemos hacerlo partiendo de la actual fortaleza financiera del sistema, lo que garantiza un margen temporal más que razonable para afrontar el debate de las reformas.
UGT y CCOO rechazamos la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años y otras propuestas socialmente injustas y económicamente innecesarias.
No cabe justificar en la coyuntura actual de crisis reformas unilaterales que extenderán sus efectos en el largo plazo y que tienen como único objetivo el recorte de las cuantías de las pensiones. En este sentido, la decisión de congelación de las pensiones contributivas en 2011; la propuesta de ampliación del periodo de carencia para tener acceso a una pensión actualmente situado en 15 años, penalizando a los trabajadores peor situados en el mercado de trabajo y desincentivando la cotización a la Seguridad Social; y, finalmente la propuesta de retraso obligatorio de la edad legal de jubilación a los 67 años resultan injustas, excesivas e innecesarias. En el mismo sentido, más allá de las opiniones dispares sobre el denominado cheque bebé, la supresión de éste y de la pequeña mejora en la asignación por hijo a cargo menor de 3 años, en un país con la menor protección por hijos de la Unión Europea y con menores tasas de natalidad, debería haber supuesto una apuesta por la educación infantil y de avance en materia de protección a las familias, tanto por la merma de la ya escasísima protección dirigida a éstas como por la renuncia a influir sobre la evolución demográfica.
La sostenibilidad del sistema de pensiones empieza por garantizar su salud financiera actuando en tres direcciones: reforzando su estructura de ingresos, impidiendo conductas adversas de planificación personal y reforzando la equidad y justicia internas del Sistema.
CCOO y UGT realizamos propuestas alternativas a las realizadas por el Gobierno
UGT y CCOO hemos planteado en la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo propuestas que se constituyen como reformas alternativas a las realizadas por el Gobierno.
Proponemos que en materia de Seguridad Social:
• Debe darse cumplimiento a los compromisos del Acuerdo de Pensiones de 2006, de una parte a la integración en el Régimen General de los Regímenes especiales de empleadas de hogar y los trabajadores por cuenta ajena del sector agrario; de otra, la definición normativa del procedimiento de reconocimiento de trabajos tóxicos, penosos, insalubres y peligrosos y el acceso, en su caso, a la jubilación de forma anticipada.
• La nueva reforma, al igual que las anteriores, debe incidir en los principios que inspiran nuestro actual sistema público de pensiones: suficiencia de prestaciones, sostenibilidad, adaptación a las nuevas realidades sociales, contributividad y solidaridad social. Para reforzar la estructura de ingresos del Sistema debemos actuar en el corto y en el medio plazo:
• Las cotizaciones sociales son y deben seguir siendo la fuente básica de financiación de las prestaciones contributivas.
• Las aportaciones públicas deben incrementarse en el marco de separación de fuentes de financiación del Sistema previsto en acuerdos anteriores y en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo de 1995.
• Culminar el proceso de separación de fuentes de financiación, con especial relevancia de los complementos a mínimos y la asunción por parte del Estado, entre otros, de los gastos de personal de la estructura de la Seguridad Social. • La integración de los regímenes especiales agrarios y de empleadas de hogar en el Régimen General mejora la estructura de ingresos del sistema y, muy especialmente, los niveles de protección social de los trabajadores y trabajadoras en ellos integrados.
• La mejora de las bases mínimas de cotización, de forma simultánea al incremento del salario mínimo interprofesional SMI hasta alcanzar el 60% de los salarios medios negociados.
• El incremento de las bases máximas de cotización, con su traslado también de las cuantías de las pensiones máximas sin que ello suponga una merma del principio de solidaridad.
Esta medida aumenta los ingresos del Sistema, reforzando la protección social del mismo sobre un colectivo importante de personas que cotizan por estas bases. La mejor garantía sobre los ingresos del Sistema tiene que ver con el mercado de trabajo: la cantidad y la calidad del empleo, la mejora de nuestras tasas de actividad, especialmente la femenina, de la cualificación profesional, de la estabilidad en el empleo, la reducción del desempleo y de la precariedad laboral de los jóvenes.
Una política adecuada de protección a las familias fundamentada en la provisión de prestaciones sociales y servicios públicos que eliminen todos aquellos obstáculos de orden económico, social y laboral, que dificultan que éstas tengan los hijos que deseen; que hagan compatible el cuidado de los hijos con la actividad laboral de hombres y mujeres, mediante la extensión de servicios de atención a la infancia, especialmente las escuelas infantiles de 0 a 3 años, y a otras personas dependientes; que mejore la protección en los supuestos de maternidad/paternidad; que compense a las familias mediante prestaciones económicas suficientes, especialmente a las de menos recursos y con un solo progenitor, por los gastos que supone el cuidado de los hijos. Todas ellas son medidas estructurales de mantenimiento del sistema que tienen efectos sobre su sostenibilidad en el largo plazo.
Para actuar sobre la estructura de gastos desincentivando los mecanismos de planificación adversa que la regulación actual permite:
• Profundización de la “jubilación flexible” mediante un mecanismo de incentivos al retraso voluntario de la jubilación más allá de los 65 años, con el fin de acercar la edad real de jubilación a la edad legal.
• Generalización del derecho a la jubilación anticipada, estableciendo coeficientes correctores actuarialmente neutros.
Respecto de los comportamientos en materia de cotización, la nueva reforma de pensiones debe operar sobre los mismos reforzando los elementos de contributividad. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos regímenes y la existencia de bases preestablecidas, independientes de los salarios que se perciben, en otros, provocan importantes distorsiones sobre la equidad del sistema. Es necesario actuar para que todos los afiliados al sistema de Seguridad Social coticen por sus ingresos reales, limitando o impidiendo la posibilidad de elección de bases.
Sobre el conjunto de propuestas presentadas por el Gobierno el 29 de enero de 2010, mostramos nuestra voluntad de profundizar en aquellas medidas que no se limiten a un mero recorte de gastos del Sistema sino que actúen reforzando la solidaridad social y la equidad individual.
Los objetivos fundamentales de estas medidas deben ser:
• Mejorar la protección social de las personas que se ven obligadas a abandonar el mercado de trabajo en los últimos años de su vida laboral.
• Desincentivar los comportamientos de planificación personal para obtener pensiones.
• Mejorar el reconocimiento del mayor esfuerzo de cotización de aquellas personas que cotizan más de 35 años.
Desde una perspectiva de adecuación del Sistema de Pensiones a la realidad social, CCOO y UGT creemos necesario abordar:
• Una reflexión sobre la necesidad de adaptar la pensión de viudedad y orfandad a la realidad actual, mejorando las prestaciones de los beneficiarios y abordando la necesidad de redefinir las situaciones que dan acceso a estas prestaciones.
• El reconocimiento de periodos de cotización por el nacimiento y cuidado de hijos, relacionados con la acreditación de periodos mínimos de actividad.
• Facilitar el acceso del derecho a las pensiones a los grupos más vulnerables y con carreras más irregulares.
• La mejora de las pensiones mínimas con el fin de evitar el riesgo de pobreza.
En este escenario no hay margen para reducir cotizaciones sociales, so pena de reducir las prestaciones sociales y comprometer la sostenibilidad futura del sistema. La mejora de la competitividad de nuestra economía no depende de una rebaja de cotizaciones sociales, pero la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social sí depende de su mantenimiento e incluso de su aumento.
Para UGT y CCOO el cambio del modelo productivo es indispensable
El desarrollo del sector industrial en España parte de una menor dimensión en términos generales que el de otros países del área europea porque la gestión del proceso de reestructuración y privatización empresarial ha debilitado aún más el posicionamiento de la actividad industrial en la economía. Esta menor dimensión se convierte en el elemento principal de su dependencia tecnológica y de su baja participación en el comercio exterior. Para que el cambio sea efectivo es preciso atender a la estructura y las características de cada sector, es imprescindible definir los sectores productivos más estratégicos, por el valor añadido o por el nivel tecnológico que aportan, y garantizar su mantenimiento y desarrollo a través de planes específicos de futuro. No sólo es necesario fomentar nuevos sectores, sino modernizar los existentes, analizando su potencial de dinamismo en términos de producción, innovación y empleo. La falta de liderazgo institucional exige redefinir el papel de lo público, que ha funcionado desde la espontaneidad y con visión cortoplacista, y de su coordinación con el sector privado. Es necesario plantearse cuál ha sido y cuál va a ser la política industrial de España.
Al igual que es necesario el desarrollo de políticas concretas vinculadas al Turismo y a los sectores de los Servicios, tanto los avanzados como los destinados a las personas. Es necesario dar contenido al cambio productivo porque el mercado laboral actual, caracterizado por una fuerte flexibilidad externa, es la única política industrial que se ha realizado. Si se quiere salir de la crisis hay que hacer revertir la reforma laboral, que favorece la especialización productiva en sectores de bajo valor añadido.
Al mismo tiempo, deberían establecerse medidas dirigidas al seguimiento exhaustivo y sistemático de los procesos sectoriales y locales de reestructuración, que incorporan la descentralización productiva y deslocalización, mediante estrategias de anticipación ante los futuros cambios en los sectores productivos.
Para el futuro más inmediato, en el ámbito de las actuaciones públicas y privadas así como en la perspectiva del asentamiento y normalización de la economía española, es indispensable incrementar el ritmo de actuaciones en todo lo relacionado con la transformación del modelo productivo.
Los principales objetivos en materia de política industrial deben contemplar la necesidad de convergencia y coordinación con otras políticas desarrolladas en el marco de las estrategias macro y microeconómicas, impulsadas desde el Ejecutivo para compaginar crecimiento económico y desarrollo sostenible, y relacionadas con las políticas de empleo, de formación y sistema educativo, medidas medioambientales, infraestructuras, planes de I+D, etc.
Hay que potenciar una política industrial que impulse el desarrollo de las producciones más intensivas en tecnología
Es imprescindible que la nueva política industrial se oriente no sólo al desarrollo de actuaciones horizontales de alcance general (incremento de la competencia en los mercados, fomento de la investigación tecnológica, fomento del espíritu emprendedor y cualificación profesional de los trabajadores), sino a fijar prioridades sectoriales, es decir una política industrial que favorezca claramente el desarrollo de las producciones más intensivas en tecnología y establezca objetivos de desarrollo sectorial en los sectores con consideración de estratégicos.
Para CCOO y UGT es necesario el impulso a procesos de reindustrialización en los sectores sometidos a procesos de cambio o adaptación, donde se producen pérdidas significativas de capacidad productiva y de empleo por operaciones de ajuste o reestructuración en las empresas productivas del sector industrial, o por procesos de deslocalización que condicionen significativamente el tejido industrial de su zona de influencia.
Además, hay que impulsar medidas que:
Tengan como objetivo la sostenibilidad energética y la Eco-innovación, asegurar el abastecimiento energético y el marco tarifario estable, trasparente y asequible, como garantía de lucha contra el cambio climático y como factor de desarrollo industrial y de mejora de la competitividad de las empresas españolas, en un marco medioambientalmente sostenible. Donde se incluya además una verdadera estrategia de investigación y desarrollo, y de inversiones públicas y privadas en fuentes de energía renovables, coches híbridos, tecnologías de eficacia energética que reduzcan las emisiones de gases con efecto invernadero, hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono, así como mecanismos innovadores para desarrollar recursos adicionales que ayuden al despegue de las energías renovables y del ahorro, la eficiencia y la eficacia energética.
En materia de infraestructuras y transporte, que permitan evaluar el grado de desarrollo del PEIT y cómo afecta el actual contexto económico a su aplicación, ya que no se justifica la puesta en marcha de diferentes medidas parciales, que además de aumentar el grado de dispersión de las actuaciones, rompen el papel que éste tiene como instrumento de planificación indicativa en materia de infraestructuras. La estructura productiva sectorial española es altamente dependiente del sistema de transporte; ello exige un reequilibrio modal potenciando el factor de crecimiento del que dispone en nuestro país el ferrocarril y el cabotaje marítimo. Es imprescindible, por tanto, la finalización de los ejes transversales que tienen carácter vertebrador y que, como consecuencia del actual contexto económico, no pueden de nuevo, quedar excluidos de las actuaciones a acometer.
Sobre la infraestructura de telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, sector clave por su gran capacidad para innovar, invertir y seguir generando crecimiento y empleo, mejorar la capacidad, calidad y conectividad de las redes potenciando la implementación de un Servicio Universal de banda ancha de calidad y las redes de nueva generación.
Para avanzar en desarrollo de nuevos materiales y procesos, así como en materias de biotecnología y salud, impulsar la investigación científica, tanto básica como aplicada, un fin para el que es necesario al menos mantener, sino incrementar, los recursos.
Potenciar un mercado industrial de materiales de construcción mucho más competitivo y que permita su expansión en los mercados exteriores, fomentando la rehabilitación urbana y la edificación sostenible. Con ello se busca una ‘reconfiguración industrial’ desde las necesidades internas del sector de la construcción, lo que conllevaría una adaptación progresiva hacia elementos constructivos más elaborados y de alto valor añadido, evitando la destrucción de puestos de trabajo con la adaptación paulatina de la industria de materiales, en instalaciones y en formación de los trabajadores, y el desarrollo de las Empresas de Servicios Energéticos.
Por tanto, el sistema de incentivos para el desarrollo de la política industrial se ha de basar en medidas que atiendan a los siguientes criterios de idoneidad:
• Que contribuyan de manera directa a crear o mantener actividad y empleo estable con efecto duradero.
• Que involucren a un número mayor de sectores auxiliares.
• Que favorezcan la internacionalización y un mayor tamaño medio de las empresas.
• Que tengan un mayor potencial en el medio y largo plazo, desarrollándose en sucesivas fases con distintos instrumentos.
• Que conlleven un impulso a la innovación relacionada con actividades sostenibles.
Para ello es necesario agregar y reorientar los instrumentos de financiación de iniciativas y apoyo a la actividad de los sectores industriales, estableciendo objetivos a medio y largo plazo mediante:
• Diseño de nuevas ayudas e incentivos para actividades clave y rediseño de los ya existentes.
• Incentivos horizontales al conjunto de la industria que posibiliten una mejor situación del conjunto del sector, fijando unos criterios básicos a cumplimentar en función de los objetivos de sostenibilidad ya indicados y de los criterios de selección posteriormente definidos.
• Destino de fondos, de forma selectiva, para actuaciones de inversión y gasto público en sectores estratégicos ya definidos.
• Estudio y aplicación de posibles cambios normativos que favorezcan la adopción de un sector industrial más sostenible y fomenten la innovación, especialmente en aquellos de nueva creación o emergentes.
La manera de mejorar el Estado Social es reforzar los Servicios Públicos
El cambio de modelo productivo necesario en el que basar el crecimiento económico sostenible duradero y equilibrado, requiere de un Estado de Bienestar amplio y fortalecido. Sólo se logrará con el refuerzo de los Servicios Públicos.
En Sanidad, el Sistema Nacional de Salud debe seguir basándose en los principios de universalidad, equidad, corrección de desigualdades y participación social, orientándose hacia la mejora de la calidad, la innovación y la cohesión. Además, constituye uno de los sectores productivos más dinámicos y generadores de empleo del país, es un sector estratégico de la economía española de alto valor añadido y conocimiento, así como un poderoso factor de igualdad.
En Educación, cuyo carácter eminentemente público garantiza el acceso al conocimiento y corrige discriminaciones, es necesario incrementar la inversión, elevando la calidad en todos los niveles educativos, luchando contra el fracaso y el abandono escolar, y reforzando el aprendizaje permanente de adultos.
En política de atención a la Dependencia, instrumentada mediante servicios públicos a las personas. La atención a la Dependencia a través de Servicios Profesionales supone, además, uno de los sectores de actividad en los que el empleo ha crecido aún en estos años de crisis económica y con un potencial de creación de puestos de trabajo en el futuro inmediato constatable a partir de los datos demográficos.
Recuperar el Diálogo Social como instrumento para lograr los objetivos económicos y sociales
Las medidas que se deben llevar a cabo pasan por declarar como principal objetivo de la política económica actual el fomentar un crecimiento económico:
• Sostenido, que no sufra con la gravedad actual los cambios cíclicos de la coyuntura económica,
• Duradero, para que permita planificar hacia el futuro y crear la confianza necesaria para las generaciones futuras, y
• Equilibrado, tanto con el entorno, con el medio ambiente, como en la distribución de la renta, presente y futura, y que palie los desajustes de los ciclos económicos.
Por tanto, ha de ser un crecimiento económico construido sobre la base de un Estado de Bienestar que persiga a su vez la cohesión social. Teniendo en consideración este objetivo general, los mecanismos para lograrlo han de basarse
en la recuperación del diálogo social, con medidas de cooperación y encuentro y no soluciones unilaterales e impuestas.
Pero recuperar el Diálogo Social pasa por tener en cuenta que hasta ahora no se ha ajustado y se ha vulnerado la “Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social”, de julio de 2008.
Recuperar el Diálogo Social, por tanto, exige compartir objetivos, especificar propuestas y debatir y negociar las alternativas. Hay que partir de un marco general de política económica orientado a la creación e empleo y reforzar el Estado de Bienestar. Por tanto, hay que restablecer las bases del Diálogo Social, incluyendo la recuperación del Acuerdo con la función pública de Septiembre de 2009.
Para ello, el primer paso será recuperar la autonomía del marco de las relaciones laborales: la reforma de la negociación colectiva debe pactarse entre los interlocutores implicados, patronal y sindicatos, para lo cual, ambos debemos participar y declarar las propuestas a discutir, y no esperar a la imposición unilateral del Gobierno.
El punto de partida se sitúa en desbloquear los convenios que actualmente se encuentran paralizados y cumplir con lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012.
En definitiva, debemos exigir la retirada de los aspectos lesivos que ha impuesto la reforma laboral y recuperar el diálogo social como marco de trabajo para el desarrollo de los instrumentos de política económica y social que permitan alcanzar el objetivo último: salir de la crisis con una economía reforzada, que nos permita no sólo crecer económicamente y por tanto recuperar los niveles de empleo, sino hacerlo de una forma sostenida, duradera y equilibrada, apostando por la calidad del trabajo en un consolidado Estado de Bienestar.
El sindicalismo confederal español va a desplegar una amplia e intensa ofensiva sindical en materia de empleo y de derechos
El sindicalismo confederal no es un sindicalismo a la defensiva, lo ha demostrado históricamente: el sindicalismo es un sujeto activo, propositivo, configurador de derechos, defensor de los mismos, garante de su efectivo ejercicio, cuya misión última es la de transformar la realidad para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora.
UGT y CCOO vamos a desplegar una amplia e intensa ofensiva sindical que, partiendo del rechazo a las injustas y lesivas medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno, que han desembocado en un conflicto que permanece abierto después de la Huelga General del 29 de septiembre, sirva para reforzar la iniciativa, impulsando un fuerte proceso de movilización sostenida, defendiendo las propuestas que en este documento se expresan, movilizando a los trabajadores y trabajadoras, y generando una dinámica social que haga retroceder las políticas socialmente injustas que el Gobierno ha adoptado y dibuja en el horizonte.
Las reformas que exigen los organismos internacionales, presionados por los mercados, no pueden ser el eje de la política económica del Gobierno, impuesta de manera unilateral. La política económica que afecta a las bases del Estado del Bienestar requiere de un amplio debate social, en el que los sindicatos participamos aportando alternativas y propuestas, que han de ser tenidas en cuenta. Es hora de que el Gobierno manifieste si está dispuesto a retomar el Diálogo Social y la Negociación como marco de actuación de la política económica y social del país.
